El cambio climático es una realidad e impacta de lleno en muchos países subdesarrollados a una situación crítica. En muchos puntos del globo, observamos migraciones impulsados por la desertificación, y en otros casos, el avance de los océanos, que puede terminar con la desaparición de muchos estados insulares. Kiribati es un ejemplo.

Por el Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro

Especial para LA POLIS. Desde Buenos Aires.

En la década del 90, Naciones Unidas advirtió sobre el incremento del nivel de los mares como iba afectar a países como Kiribati. Las antiguas islas Gilbert (Kiribati es la pronunciación en idioma local), tienen una superficie de 811 km2. Son 32 atolones y una isla coralina, Banaba, antiguo centro de la minería del fosfato, dispersos en una superficie de 3.2 millones de km2 de espacios marítimos jurisdiccionales.

Las islas fueron pobladas a partir del 3.000 a.C. por poblaciones austronesias.  Posteriormente hubo aportes melanesios y desde 1300 d.c, llegaron poblaciones desde Samoa. Esto puso fin a prácticas como el canibalismo. Hacia el siglo XV, las islas estaban gobernadas por dos sistemas, por un lado, los territorios del norte, eran gobernados por jefes absolutos, y los del sur, por consejos de ancianos.  Hasta la llegada de los europeos, las islas vivían en constante conflicto. En 1820 las islas fueron recorridas por el almirante ruso Adam von Krusenstern, que dirigió la primera circunnavegación rusa del globo, que denominó las islas como “Gilbert”.  Los europeos estuvieron presentes anteriormente, pero no habían hecho acto de presencia efectiva.

El caso Banaba. Los primeros “refugiados ambientales”.

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Tembinok de Abemama, inmortalizado por el novelista estadounidense Robert L Stevenson en 1889, fue el último gran jefe isleño que ejerció el control sobre parte de las islas que componente en actual Kiribati. Las islas también se veían afectadas por la visita de barcos europeos en busca de trabajadores, generalmente reclutados por la fuerza. Varios miles de nativos no volverían jamás a su tierra natal. En 1892, las islas eran parte del Imperio Británico.  La copra y el fosfato fueron los productos de la colonia, que incluía las islas que forman el estado de Tuvalu (denominado islas Ellice). Las islas fueron ocupadas por los japoneses en 1941, parte de su población fue esclavizada y enviada a trabajos forzados en la base naval de Truk. En la isla de Tarawa, sería protagonista de una de las grandes batallas del Pacífico, con el desembarco de los “Marines” norteamericanos.  Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los británicos, evacuaron la población de la isla de Banaba, trasladándolos a la colonia de Fiji, más precisamente la isla Rabi. Eran sobrevivientes de la masacre perpetrada por los japoneses cuando ocuparon la isla. Banaba fue objeto de la explotación intensiva del fosfato y de abusos de la empresa PPC, que monopolizaba el mineral, de la mano de obra nativa. Parte de los isleños retornaron a Banaba a fines de los 70. Incluso hubo acciones legales contra la Corona Británica, que fracasaron, en el reclamo por regalías y compensaciones por daños ambientales.  También hubo acciones y reclamos contra el gobierno de Kiribati, por el uso de fondos provenientes de la explotación de fosfato, que quedó en punto muerto. Incluso la comunidad Banaba de la isla Rabi, exigió que su antiguo terruño pasara a manos de Fiyi, algo que fue rechazado de plano por Kiribati.

La vida en aquella remota isla sin agua potable, es sumamente difícil, agregándose las consecuencias de la explotación del fosfato de tiempos pasados. Sus 300 habitantes llevan una vida precaria y en en un ambiente de aislamiento.  El consejo local apeló a los gobiernos de Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia, responsables en su momento de la explotación del fosfato, para reconstruir cuevas que eran empleadas para almacenar agua de lluvia, empleada en tiempos anteriores a la ocupación europea. La antigua empresa BPC, propiedad de los citados estados y el Reino Unido, removieron 22 millones de toneladas de tierra, que ayudó al desastre ambiental que es la isla. En una nota del diario The Guardian señalaba Otro impacto de la minería fue la construcción de viviendas con asbesto, que al ser inhalado puede provocar cáncer de pulmón y mesotelioma, ambas enfermedades mortales.  Podemos afirmar que los primeros “refugiados ambientales” fueron los pobladores de Banaba enviados a la isla Rabi, sin ser consultados y de manera compulsiva por parte de los británicos, dado que la vida en su tierra natal, era inviable por la explotación minera. Los reclamos de los descendientes de los “banabas” ha sido una constante en la política de Kiribati, agregándose los pedidos por reparación por los daños sufridos.

Las islas Gilbert se transforman en la República de Kiribati.

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En los años 50 y 60, las islas Navidad, fueron escenario de ensayos de armas nucleares por parte del Reino Unido y Estados Unidos, con sus consecuencias ambientales presentes hasta hoy día En 1967 las islas Gilbert y Ellice obtuvieron un régimen de autogobierno. En 1974, las islas Ellice solicitaron separarse de Gilbert. Esto fueron los pasos para la creación del estado de Tuvalu en 1978.  En 1979, finalmente las islas Gilbert, se convirtieron en una república, Kiribati. El fin de la explotación del fosfato, transformó al joven país en dependiente de la ayuda internacional, la venta de licencias de pesca, exportación de copra, las remesas de trabajadores emigrantes y del fondo fiduciario de la explotación del fosfato. Este ha sufrido severas fluctuaciones, por el nivel de déficit presupuestario y la crisis financiera global de 2009.  

La política local, tuvo algunos aspectos destacables como los intentos de coartar la libertad de expresión, por una controvertida ley en 2002, facultando al gobierno a cerrar periódicos opositores. A pesar de estos incidentes, la política local ha estado marcada por el Cambio Climático, el incremento del nivel del mar y el drama de un país que carece de sustento para sus 100 mil habitantes, que la mayoría viven hacinados en la capital Tarawa.  Por las características de las islas y atolones, el agua del mar se mezcla con los depósitos de agua dulce. Diversos estudios revelaron que el país, puede desaparecer en los próximos quince años. En junio de 2008, el presidente de Kiribati, Anote Tong, dijo que el país había llegado al «punto sin retorno» y señaló además Planear para el día en que ya no tengas un país es realmente doloroso, pero creo que tenemos que hacer eso.  A lo largo de sus dos mandatos como jefe de estado, ha viajado a diversos países, denunciado los peligros que se cierne sobre muchos países insulares, ante el calentamiento global- Desde ese momento hubo peticiones a los gobiernos de Nueva Zelanda y Australia para dar asilo a millares de ciudadanos de Kiribati, cuando dicho país pueda desaparecer bajo las aguas del Océano Pacífico. En el marco de esos reclamos, se llevó a cabo una petición judicial por parte de un ciudadano de Kiribati para ser considerado refugiado ambiental y que generó, que el mismo Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronunciara al respecto.  Por otro lado, el gobierno ha llevado a cabo la compra de tierras en las islas Fiyi, para reasentar a sus ciudadanos, cuando el peor escenario se haga realidad.

En 2013 un ciudadano de Kiribati, Ioane Teitiota, emprendió durante cuatro años una batalla legal contra el gobierno de Nueva Zelanda, en un intento de sostener que su salida del país, se debe al cambio climático que amenaza la existencia su país natal. En la presentación realizada por Teitiota, se basó en la ley migratoria neozelandesa, Immigration Act 2009, en los términos de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; y solicitó la protección conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  La Justicia de Nueva Zelanda rechazó el pedido «el aumento del nivel del mar puede hacer que la república de Kiribati sea inhabitable en un plazo de 10 a 15 años, como lo señala (Teitiota), (pero) este tiempo podría permitirle a la República de Kiribati intervenir, con la asistencia de la comunidad internacional, para tomar medidas destinadas a proteger y, cuando sea necesario, reubicar a su población«. Esto abrió las puertas para un interesante debate jurídico – político. Finalmente, Teitiota fue deportado en 2015. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se pronunció contraria al fallo de la justicia neozelandesa. Sentando un interesante precedente en materia de doctrina. Desde el mismo portal de noticias de la ONU, señala al respecto El Comité determinó que en el caso específico de Teitiota, los tribunales de Nueva Zelanda no violaron su derecho a la vida en el momento de los hechos, porque la evaluación exhaustiva y cuidadosa de su testimonio y otra información disponible condujo a la determinación de que, a pesar de la seriedad de la situación, en Kiribati se habían adoptado medidas de protección suficientes. Asimismo, el Comité apoyó los argumentos de Teitiota, en su defensa legal al pedir asilo como “refugiado ambiental” al señalar que el riesgo de que un país entero se sumerja bajo el agua es extremo, las condiciones de vida en dicho país pueden volverse incompatibles con el derecho a la vida con dignidad antes de que el riesgo se realice. Considerando que, sin esfuerzos nacionales e internacionales sólidos, los efectos del cambio climático en los estados más vulnerables pueden exponer a las personas a una violación de sus derechos contemplados en el artículo 6 del PIDCP, lo que activaría la obligación de non-refoulement por parte de los Estados receptores de migrantes por los impactos climáticos; y en este sentido la obligación de no extraditar, deportar o transferir de conformidad con el citado artículo puede ser más amplia que el alcance del principio de non-refoulement de acuerdo con el régimen jurídico internacional de los refugiados, lo que incrementaría el marco de protección para aquellos que NO tienen el estatus de refugiado. Por lo tanto, el Comité observa que deben de considerarse las violaciones de derechos humanos causadas por la crisis climática en el país de origen del migrante al examinar casos de deportación.

Los expertos aseguraron que el daño inducido por el cambio climático puede ocurrir tanto a través de eventos repentinos (como tormentas e inundaciones intensas) como a través de procesos más largos (como el aumento del nivel del mar, la salinización y la degradación de la tierra). Ambos tipos de situaciones pueden llevar a las personas a cruzar las fronteras para buscar protección. (Kate Schuetze, investigadora sobre Oceanía de la organización Amnistía Internacional).

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A pesar del fallo judicial, la realidad en Kiribati, pone en evidencia el drama ambiental que vive el país.  La capital Tarawa, aloja a la mitad del país, alcanzando los 50.000 habitantes, dado la emigración de muchos hacia dicha localidad, por el incremento del nivel del mar, que hace inhabitable un número creciente de islas.  El crecimiento del nivel del mar pone en riesgo el acceso al agua potable, obtenido de agua de lluvia y almacenado en depósitos naturales. El nivel de salinidad puede dejar al país sin agua potable por un tiempo que se puede prolongar hasta dos años.  Dos atolones Abanuea y Tebua Tarawa (esta última utilizada por los pescadores) ya han desaparecido bajo las olas. Pareciera que el país vive una cuenta regresiva. La situación es cada vez más complicada. La salinidad del suelo, los huracanes, superpoblación hacen inviable la agricultura y producir alimentos, que deben ser importados con su impacto negativo en una economía endeble y completamente dependiente de la ayuda internacional.

En 2016, fue electo un nuevo jefe de estado, Taneti Maamau. Bajo su liderazgo el país mantiene la preocupación por su posible desaparición y da un giro en su política exterior, al acercarse a China y romper lazos con Taiwán. Por otro lado, Estados Unidos se ha comprometido a mantener programas de ayuda, en su momento llevado a cabo por el Cuerpo de Paz, que levantó escuelas, centros de salud, etc. El país, en sus aguas jurisdiccionales, tiene una de las reservas marinas más importantes del mundo, la llamada Área Protegida de las Islas Phoenix, creada en 2006 con una superficie de más de 400.000 km2, pone en evidencia el valioso patrimonio marino que tiene el país y también el intento de buscar en el turismo una fuente de ingresos alternativa.

La precaria situación del país, ayuda a la emigración hacia Australia y Nueva Zelanda, además del clima de incertidumbre, ante la posibilidad que los ciudadanos de Kiribati, se queden sin patria, cuando el nivel del mar avance aún más sobre dicho país. No solo se ha hecho un llamado desde el Comité de Derechos Humanos, sino de otros organismos como el Banco Mundial, para abrir las puertas al concepto de “refugiado ambiental”.

El tiempo corre y pareciera que los días de Kiribati y otros países insulares, están contados. Millares de sus ciudadanos se verán obligados a buscar un nuevo “hogar” con sus consecuencias políticas, económicas y sociales.  

https://deyseg.com/history/1224

4/01/2024

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Recuerdos del Futuro. El caso de la República de Nauru

Jorge Alejandro Suárez Saponaro

La isla de Nauru, es una república independiente desde los años 60. Durante varias décadas disfrutó un elevado nivel de vida gracias a la explotación del fosfato. Pero un día se agotó el recurso y el país, se convirtió en un escenario distópico. Un gigantesco cráter en el medio del Pacífico.​

Los habitantes de la isla se dieron cuenta que el gobierno había dilapidado los ahorros generados y enfrentaron un futuro lleno de incertidumbre. La solución fue convertir al país en un oscuro paraíso fiscal y centro de detención para inmigrantes.

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Nauru es una isla de 21 km2 donde viven unos once mil habitantes, cuyos antepasados llegaron a la isla hacia el 1.000 a.c. Los pobladores eran polinesios y micronesios, organizados en doce tribus. Estos grupos vivían de la pesca y una precaria agricultura. La paz que vivieron los nativos, durante siglos se vio interrumpida por la llegada de los europeos en el siglo XVIII. Siendo avistada en 1796 por el capitán ballenero británico, John Fearn, quien la nombró como “isla Agradable”. Desde 1826 en adelante, la isla fue visitada por barcos balleneros en busca de agua potable y víveres. Del intercambio, los isleños conocieron las armas de fuego y el alcohol, además de la presencia de desertores de los barcos que surcaban el Pacífico. Entre 1878-1888 estalló una guerra civil, a raíz de un conflicto en una ceremonia matrimonial, donde el rey local Aweida, fue cuestionado en su autoridad. La existencia de armas, facilitó la violencia entre el norte y el sur de la isla, que al final del conflicto, acabo con un tercio de la población, se estima unas 500 personas. Los británicos intentaron instalarse en la isla, por medio de una misión cristiana. Finalmente los intereses alemanes, ligados al cultivo de cacao y copra, afectado por las escaramuzas locales, pidieron al gobierno alemán hacerse presente. En 1888, un cañonero de la Marina Imperial alemana se hizo presente en la isla y conminó a todos los jefes tribales a entregar las armas que tuvieran en su posesión bajo pena de muerte. Estos entregaron más de 700 fusiles y carabinas (había tantas armas como hombres adultos en las islas), fue izada la bandera del Imperio Alemán y la paz fue restablecida. El rey Aweida regresó con sus poderes tradicionales. La presencia alemana duraría hasta 1914, que con la Primera Guerra Mundial, la isla fue ocupada por Australia.

El fosfato, que sería una perdición para la isla, fue descubierto en 1900, y entregado para su explotación a una empresa ligada a intereses británicos a partir de 1906. En 1914, tropas australianas ocuparon la isla en nombre del imperio británico. La Liga de las Naciones estableció sobre la isla un régimen de mandato que fue otorgado en una primera instancia al Reino Unido. La BPC (Comisión Británica de Fosfatos) fue la responsable de la explotación del mineral, con participación de intereses de Australia y Nueva Zelanda. En 1920 una epidemia de influenza acabó con la vida de casi un cuarto de la población local. En 1923, la Sociedad de las Naciones, designó al gobierno de Australia como responsable de Nauru, teniendo a Nueva Zelanda y el Reino Unido como parte del peculiar régimen de Mandatos. En la Segunda Guerra Mundial, la isla fue un objetivo para los buques mercantes armados alemanes, que atacaron las instalaciones de explotación de fosfatos. Lo peor vendría de la mano de Japón que ocupó la isla en agosto de 1942, deportando a gran parte de la población, unos 1.200, como mano de obra esclava para su base en Truk, que durante un importante período fue base de la flota japonesa en el Pacífico Sur. 

 Los Aliados no mostraron interés en recuperar la isla, que quedó con una guarnición japonesa hasta el fin del conflicto. Desde el punto de vista estratégico y militar, Nauru, no tuvo un papel relevante, lo que no impidió ataques aéreos por parte de Estados Unidos. En septiembre de 1945, el comandante japonés se rindió ante las fuerzas australianas. Desde la isla de Truk, fueron repatriados 700 nauruanos, sobrevivientes del régimen de trabajo forzado japonés.

Huellas de la ocupación japonesa.

En 1947, las Naciones Unidas establecieron un régimen de fideicomiso, siendo el responsable Australia como fideicomisario, teniendo como coadministradores a Nueva Zelanda y el Reino Unido. En 1948, la isla se vio sacudida por disturbios con obreros chinos del fosfato, que reclamaban mayores salarios. La respuesta del gobierno australiano fue una severa represión, empleando policías nativos, que causaron la muerte de varios obreros y heridos. Esto ocasionó protestas formales del gobierno de China con apoyo de la Unión Soviética.

La explotación del fosfato tuvo su impacto ambiental, algo que observaron los administradores de la isla en los 60. Australia ofreció la isla Curtiss, frente al estado de Queensland, para cederla en propiedad a los nativos, otorgarles plena ciudadanía australiana y apoyo al desarrollo. Los nativos de Nauru, aceptaron con la condición de erigir en dicha isla, un estado independiente, algo que el gobierno de Canberra, rechazó de plano. Esta situación abrió las puertas para la independencia de la isla. En 1966, el gobierno de Nauru adquirió el paquete accionario de la BPC y de esta manera el fosfato fue nacionalizado. En 1968, el país alcanzó la independencia, teniendo como primer presidente a Hammer DeRoburt, antiguo maestro de escuela y trabajador forzado en tiempos del dominio japonés. En 1970, la minería quedó en manos de una empresa local, Corporación de Fosfato de Nauru o NPC. Durante algunos años los nauruanos vivieron en una suerte de “País del Jauja” con un elevado nivel de vida y una de las rentas per cápita más altas del mundo. No se pagaban impuestos, pleno empleo, y servicios públicos gratuitos. 

La joven república de 21 km2 tuvo pocos presidentes, una vida política peculiar, dado que el parlamento de 19 personas, renovado cada tres años, sus candidatos son en mayor parte independientes, a pesar que existen algunos partidos políticos. Estamos hablando de un país con unas once mil almas, donde existen lazos familiares, que prevalecen a la hora de hacer política. Pero los tiempos felices iban a llegar a su fin. La empresa NPC había realizado pésimas inversiones, destacándose una torre en la ciudad australiana de Melbourne, hoteles y hasta en una obra musical en Londres, que resultó ser un fiasco en los años 90. Las malas decisiones financieras llevaron que el fondo de inversiones de 1.200 millones de dólares australianos que había en 1991, para el 2002, solo había de 138 millones. El estado de Nauru, necesitado de fondos para subsistir, perdió el moderno avión Boeing 737 y malvendió los bienes que tenía en Australia.

El país, que se transformó en un gigantesco cráter, como consecuencia de la minería del fosfato, precisaba dinero urgente. La decisión fue convertirse en un paraíso fiscal y vender pasaportes de la isla. Uno de los grandes clientes de este nuevo modelo fue la mafia rusa. Por apenas US$ 25.000 cualquiera podía tener una cuenta, y nadie preguntaba por el origen del dinero, y menos los antecedentes de su propietario. El GAFI, grupo internacional dedicado a la lucha contra el lavado de dinero, puso una fuerte presión para un verdadero pozo negro que era Nauru. En 2005, finalmente se levantaron las sanciones, pero el paraíso fiscal tan atractivo, dejó de serlo. Durante el “tiempo feliz” de la banca off shore, la mafia rusa blanqueó capitales estimados en US$ 59.000 millones, habiendo creado una estructura de 400 bancos en la pequeña isla. (Un banco cada 25 habitantes). Nauru seguía precisando de dinero, dado que los “clientes” rusos parece que solo usaban a la isla como base para lavado, pero nadie tomó alguna medida para que algún billete se invirtiera en algo. En 2001, la isla se convirtió en una suerte de cárcel a cielo abierto, para alojar a inmigrantes bajo el paraguas de “Pacific Solution” en el cual, el gobierno australiano, enviaba bien lejos a solicitantes de asilo. No cabe duda que la idea era persuadir a los postulantes. Esta propuesta era la moneda de cambio que ofrecía Australia como “ayuda” al desarrollo. Vale la pena recordar que Nauru se presentó a la Corte Internacional de Justicia, exigiendo reparación por daños y perjuicios, por la explotación del fosfato en 1989, finalmente las partes llegaron a un acuerdo sobre reparación ambiental.

En una investigación del Diario británico The Guardian, señaló que el proyecto australiano Pacific Solution, entre 2013-2015, más de 1.200 personas fueron trasladadas a Nauru y se habrían interpuesto más de 2.000 denuncias por torturas, agresiones sexuales y otros malos tratos. Incluso existen casos de suicidio (incluido menores de ocho años), dado que los solicitantes de asilo pueden pasar años bajo una suerte de campo de concentración, esperando que se les permita vivir en Australia. En su momento este país, tuvo una fuerte presión de grupos inmigrantes que querían cruzar el mar rumbo a las costas australianas. La respuesta fue un importante despliegue militar y la creación de centros de procesamiento de refugiados, en dos islas remotas, una es Manus en manos del empobrecido gobierno de Papúa Nueva Guinea y el otro, es Nauru. En el caso de este país, recibe algunos millones de dólares en ayuda, y genera trabajo a los locales. El centro de detención, es de administración privada y fue un negocio muy lucrativo, a costa de la miseria de quienes fueran a parar allí. La presión internacional terminó con, con la evacuación de 342 personas, incluyendo niños, que por un acuerdo con Estados Unidos, durante la presidencia Obama, fueron enviados a dicho país. Todavía quedaron unos 500 hombres y mujeres, que como denunciaron entidades como Amnistía Internacional, viven en duras condiciones y su salud mental está seriamente afectada. Otra reconocida ONG, Médicos Sin Fronteras brindaba atención sanitaria a quienes terminaron en esta suerte de “limbo” financiado por el gobierno australiano. Nauru, que parece que junto con sus socios australianos no desean que esta realidad se hiciera pública, expulsó a dicha ONG. 

Nauru ha recibido ayuda de Rusia, se estima como favor por haber reconocido a la república de Abjasia, mantiene lazos con Taiwán, por la ayuda que también ofrece a los pocos estados que reconocen a la isla como legítimo representante de China. En su momento tuvo vínculos con el gobierno de Pekín, a cambio de US$ 130 millones, para luego romper dichos lazos en 2005. Los lazos con Australia siguen siendo estrechos, dado que el país utiliza el dólar australiano como moneda nacional, recibe ayuda financiera y sanitaria, gracias al acuerdo de mantener centros de detención para inmigrantes ilegales.

Nauru carece de actividad privada, el mayor empleador del país, es el Estado. El desastre ambiental ocasionado por la explotación del fosfato, ha diezmado la flora, fauna y afectó severamente los arrecifes de coral. Las limitaciones que tiene la isla, obligan a importar alimentos, lo que ha desatado una epidemia de obesidad y diabetes. Los isleños son altos consumidores de productos enlatados y comida chatarra. La expectativa de vida de los locales ronda los 60 años y la diabetes afecta al 30% de la población.

La pequeña república de Nauru es un recuerdo, de lo que puede ser el futuro para muchos países, que por la corrupción y no contar con clases dirigentes suficientemente preparadas, pueden dilapidar momentos favorables e hipotecar el futuro de generaciones enteras, destruyendo el medio ambiente, impulsar la especulación financiera, y condenando a muchos a vivir de las ayudas del Estado, en la miseria o emigrar.